El modelo de desarrollo hegemónico actual y la globalización del comercio han generado un aumento en la competición por atraer capitales extranjeros, a base de ofrecer ventajas fiscales, mano de obra barata o legislaciones laborales o medioambientales excesivamente laxas.

Este modelo ha ido ligado a una mundialización del consumo y de la cultura del “usar y tirar” donde las personas que consumen (y en muchos casos también las empresas) desconocen los riesgos implícitos en las cadenas de suministro que hacen posible este comercio.
La destrucción de la Panamazía y las violaciones de derechos humanos en la región están íntimamente ligadas a modelos de desarrollo basados en la extracción de valor a costa de la vida y el territorio. Y un elemento fundamental de este entramado es la opacidad de dichas cadenas de suministro y la falta de mecanismos que garanticen la rendición de cuentas y el ejercicio de la responsabilidad corporativa. Queda todavía mucho recorrido para lograr implementar marcos normativos vinculantes de diligencia debida que se adecuen a estas realidades.

Incidimos en la necesidad de crear marcos regulativos vinculantes que aseguren el cumplimento por parte de las empresas transnacionales de las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y protección del medioambiente. Actualmente existen varios procesos en marcha que apuntan en esa dirección: